Políticos e intelectuales no liberales ofrecen otras opciones para equilibrar el déficit
Impactados por el anuncio de las medidas de ajuste del presupuesto público del Gobierno, políticos y economistas contrarios a la doctrina económica liberal sacaron ayer sus calculadoras para demostrar que hay alternativa.
La principal sorpresa entre los intelectuales de la izquierda económica radica en que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero haya concentrado todo el ajuste en el tijeretazo al gasto público, lo que afecta negativamente al PIB y por tanto al crecimiento, sin introducir fórmulas para equilibrar el presupuesto por la vía de los ingresos.
Todos los consultados coinciden en bloque en considerar absurda la desaparición del Impuesto sobre el Patrimonio. "Su recuperación serviría para financiar el gasto de dependencia", apunta como ejemplo Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. En la misma línea, Alfredo Serrano, profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, propone que se recupere al menos para niveles muy altos. Serrano reconoce que eliminar Patrimonio está en línea con lo que se ha hecho en toda la Unión Europea, pero recuerda que la diferencia estriba en que "España tiene establecido un tipo máximo para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) muy por debajo de la media UE-15".
ICV propone un Impuesto sobre la Riqueza que sustituya al desaparecido sobre el Patrimonio y que gravaría "la tenencia de bienes muebles e inmuebles desde un millón de euros". Según sus cálculos, permitiría recaudar "2.250 millones de euros más al año".
De lo que se trata, explica Miren Etxezarreta, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona, es de "mirar dónde está el dinero en este país y tomar medidas que obliguen a utilizar parte para reducir la deuda pública". Otro de los puntos para lograrlo sería la reforma del IRPF. "En los últimos años se han reducido sistemáticamente los impuestos a las rentas más altas", comenta Montero. "Incluso cuando se veía que esto iba a llegar", en referencia a la situación actual de desequilibrio presupuestario, "no se hizo nada", añade. "En una década se ha pasado de gravar con un 56% las rentas más altas al 43%", recuerda Serrano.
ICV concreta en sus propuestas que la reforma del IRPF debería establecer "un nuevo tramo con un tipo marginal del 50% para las rentas superiores a 8.000 euros mensuales", medida que permitiría recaudar 2.940 millones más.
En el IRPF, Serrano recomienda fijarse también en el alto volumen de gastos deducibles que se han establecido y que introducen "bastante arbitrariedad, porque no responden a criterios de redistribución de la riqueza".
Carmen Torres, economista, apunta que el IRPF debería eliminar la fórmula de la declaración conjunta, que desincentiva el acceso de la mujer al mercado laboral. Suprimirla supondría 2.000 millones más para la recaudación.
La coincidencia es total también en la necesidad de gravar con un impuesto más alto el beneficio que obtienen los grandes patrimonios a través de las sicav, instrumentos de inversión que sólo tributan con un 1%.
El siguiente foco de los economistas consultados se dirige a las empresas con mayores ganancias, que se han beneficiado de la rebaja en el Impuesto de Sociedades aplicada por el Gobierno del PSOE, la primera en toda la historia del impuesto. Según ICV, "aplicar un 35% a las empresas con base superior a 1.000 millones de euros, lo que afectaría a 14 firmas, supondría 2.500 millones adicionales de recaudación". "Hay mucha capacidad aún de incrementar la presión fiscal", comenta Etxezarreta recordando que "la media europea está en el 42% frente al 31% en España".
Para quien busca en la tiranía de los mercados el argumento para meter tijera, Montero, Serrano y Etxezarreta proponen obligar a la banca a comprar más deuda pública para mitigar los movimientos especulativos.
Por la parte del gasto, poco creen que se deba hacer. Etxezarreta recuerda que menos inversión es menos empleo y menos sueldo (también el de los funcionarios) significa menos consumo. La idea más repetida es la reducción del gasto militar, incluida la retirada de Afganistán, que supondría 400 millones al año, según ICV.
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