Un caramelo para matar,...

Hoy, en el diario "Público" he leído algunas narraciones sobre las 26 causas sobre represaliados tras el golpe de estado de 1936 (de las 46 que recibieron de Garzón), y que han sido archivadas por distintos juzgados de toda España. 

Todas son estremecedoras, pero quizás la que más me ha impresionado es la que cuenta Guillermo Mir, de 47 años, y que tuvo lugar en Esporles, Baleares. 

Se trata de la muerte de Joan Cañelles, sindicalista, de 33 años. Según relata, unos asesinos falangistas ofrecieron a una niña de dos años un caramelo para que les llevara hasta su padre, Joan Cañelles. 

Éste estaba escondido para que no dieran con él estos "justicieros del yugo y las flechas", tras haber conocido que a un hermano suyo también lo habían detenido. Apresaron a Joan, y lo asesinaron. 

La niña de dos años de esta historia es la madre de Guillermo Mir, y Joan Cañelles era su abuelo. 

El juzgado número 3 de Manacor ha archivado el caso. 

PD1.: Para leer las 26 historias, hay que acceder a la edición en papel del domingo 30 de mayo del diario Público (en formato .pdf). Este es el enlace, y la forma de acceso.

PD2.: La foto de este post corresponde a otro caso, el de Jerónima Blanco. También incluido en estas 26 causas archivadas por juzgados territoriales. 

Recordar para no olvidar

En días como estos en que la Justicia se tiñe de gris, creo imprescindible "Recordar para no olvidar". Este vídeo da una visión global de una época de España de la que muchos nostálgicos franquistas se empeñan en que sólo conozcamos su versión distorsionada, amputada, manipulada, falsa. 
Hay cientos de miles de españoles vilmente fusilados durante el franquismo, y que esperan Justicia en cunetas y fosas anónimas en toda España. El empeño por hacerles Justicia ha sido lo que ha propiciado la expulsión del Juez Baltasar Garzón, de la carrera judicial española. 
Españoles, Franco no ha muerto. Sigue entre nosotros y se hace visible en sentencias como la que ha afectado a Baltasar Garzón, y a las víctimas de la Dictadura de Franco. 
Por una Segunda Transición en España. Un abrazo a todos y a todas.

Un mito menos, pensé

Interesante artículo de Vicenç Navarro, como siempre. Esta vez comenta un artículo de Fernando Savater; del que terminé definitivamente decepcionado cuando mantuvimos una ardua discusión en una comida, tras una conferencia que impartió en mi instituto de hace unos años. En la mesa, coincidimos frente a frente, y sus argumentaciones -como bien expresa Vicenç-, no sólo eran predecibles, sino impropias de un filósofo relevante, como yo le tuve hasta ese momento. Aún me río recordando con qué facilidad "perdía los papeles", y la perplejidad de mis compañeros del claustro, y otros acompañantes ante su visceralidad y radicalismo. Un mito menos, pensé.

Este es el artículo del maestro Vicenç Navarro: 

Los sarcasmos, insultos e incoherencias de 

Fernando Savater

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 10 de mayo de 2010

El artículo critica, además del tono insultante utilizado por Fernando Savater, los argumentos que este autor utiliza para ridiculizar los intentos de recuperar la Memoria Histórica y permitir el enjuiciamiento de los responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes que Savater considera inexistentes, en España o en el mundo.

Tengo que admitir que tengo un nivel bajo de tolerancia hacia autores que hacen del sarcasmo y del insulto el eje de sus discursos. De ahí que no sea un asiduo lector de Fernando Savater. Pero, de vez en cuando, le leo porque es representativo de un amplio sector de la intelectualidad conservadora no perteneciente a la órbita del PP, centrada en Madrid, que reproduce frecuentemente la sabiduría convencional de lo que en España se autodefine como “centro” en el espectro político, pero que en Europa correspondería a la derecha liberal.

Uno de los componentes de tal sabiduría convencional es su supuesto antinacionalismo, y digo supuesto porque lo considero a él profundamente nacionalista, aunque de signo contrario al de los nacionalismos que denuncia y critica (el catalán, el vasco y el gallego). El suyo es el nacionalismo españolista, que dificulta, en la práctica, el desarrollo del resto de identidades nacionales existentes en el estado español. Su deseo es que Cataluña, por ejemplo, se convierta en una región de España, semejante a lo que es la Cataluña francesa en Francia (en que la mayoría de la población catalana, en el país vecino, no sabe, ni siquiera, hablar catalán). Fernando Savater, como muchos otros “anti-nacionalistas”, está intentando imponer su nacionalismo centralista y uniforme a toda España. No es sorprendente, pues, que haya sido uno de los inspiradores del partido de Rosa Díez, un partido cuya principal característica identitaria es su antinacionalismo periférico y su profundo nacionalismo centralista.

Pero lo que motiva mi artículo no es esta incoherencia, sino la incongruencia expresada en su artículo de El País (22.04.10), titulado sarcástica y ofensivamente “Las sectas en pie de guerra”, en el que, con una narrativa predecible, lanza una enorme retahíla de insultos y aseveraciones, los cuales constituyen elementos importantes de la sabiduría convencional de los círculos conservadores y nacionalistas españolistas.

Además de las predecibles aseveraciones de equidistancia en las atrocidades cometidas por los dos lados durante la Guerra Civil Española y equiparar el comunismo con el fascismo (afirmaciones requeridas como indicador de ecuanimidad y equilibrio), concluye que, aún siendo bueno que se ayude a los familiares de los desaparecidos a encontrar a sus muertos y enterrarlos, encuentra mal que se quieran buscar responsabilidades en base al argumento de ser “crímenes contra la humanidad”, pues además de cuestionar la existencia de tal categoría de crímenes en el mundo, cree que la búsqueda de responsabilidades rompe la placidez y concordia que hemos alcanzado en este país, basada en el respeto a la ley de Amnistía, aprobada por los dos bandos del conflicto civil, que nos obliga a no mirar al pasado. Encuentro esta aseveración sorprendente, pues ignora la historia de este país. La Ley de Amnistía no fue una ley de punto final, Alianza Popular no la apoyó, fue propuesta por las izquierdas para sacar a los suyos de las cárceles, y excluyó “actos de violencia grave contra la vida o la integridad de las personas” (artículo 1º (a) Ley de Amnistía, 15 octubre 1977). Supongo que Fernando Savater admite que un asesinato es violencia grave contra la vida. Pero asume, además, que esta supuesta concordia no tiene costes. Pero es fácil demostrar que los tiene. El gran retraso social que tiene España (que se demuestra en los indicadores tan bajos de gasto público social, entre otros indicadores), su enorme fraude fiscal (que deriva primordialmente de las rentas superiores), su bajísima carga fiscal, su escasa cultura democrática y muchos otros indicadores negativos se basan en el enorme poder que los vencedores de la Guerra Civil y sus descendientes tienen en España, y que se resisten a perder. Parte de este poder se materializa en que ha tergiversado la historia de España, resistiéndose a que se corrija. Trivializar el proyecto de recuperar la Memoria Histórica (que debiera titularse, la corrección de la Memoria Histórica), como hace Fernando Savater, es aceptar la historia que se enseña y muestra como válida, siendo ella, precisamente, la que da gran poder a las derechas. Por lo visto Savater también desconoce que no se han podido presentar en las televisiones españolas, hasta muy recientemente, documentales críticos de aquella dictadura y la presentación de sus horrores (como “Els Nens Perduts del Franquisme”).

En cuanto a la supuesta equidistancia en las salvajadas (predeciblemente el punto que siempre aparece cuando se quiere diluir la responsabilidad de las derechas), una mera lectura del número de asesinatos por razones políticas de 1939 a 1978 muestra una ventaja abismal a favor del bando golpista. Es más, los asesinatos cometidos durante el periodo 1936-1939, fueron muchos más los cometidos por el estado fascista que por el estado republicano. Y no digamos ya durante el periodo 1939-1978, a lo largo de la dictadura, en la que prácticamente todos los asesinatos los cometieron los vencedores de aquel conflicto. ¿De qué equidistancia está hablando Savater?
La misma incoherencia se da entre la tan promovida equivalencia entre el comunismo (PCE) y el fascismo (La Falange), incoherencia basada en la misma ignorancia. El comunismo en España (aunque cometió errores que deben denunciarse) ha sido una fuerza política que ha favorecido históricamente la democracia y la expansión de los derechos sociales y laborales. El fascismo ha sido precisamente lo contrario. Y ello es fácil de mostrar.

Una última observación. Sería de desear que los rotativos de mayor difusión del país tuvieran un código de conducta que limitara el número de insultos por artículo. He vivido en muchos países en mi largo exilio y en ninguno se alcanza el nivel de estridencia, sarcasmos y ofensas al adversario como en España. Sería bueno que los medios no contribuyeran a la excesiva tensión existente en la vida política. Es un síntoma característico de los que pasaron el “sarampión” de ser de izquierdas en su juventud, que se pasen el resto de su vida intentando “lavarse” de aquel pasado, a base de un vulgar anti-izquierdismo rentable en una cultura, como la española, que es profundamente conservadora.

CRÍMENES DEL FRANQUISMO

Los niños robados: Iglesia y médicos, cómplices de un crimen de lesa humanidad

(Última actualización 20/04/2010, en NuevaTribuna.es)

AGNESE MARRA
Técnicas nazis, tramas casi policíacas con monjas, curas, médicos y funcionarios con los papeles protagonistas. Un negocio inventado por Franco que nació con la intención de “sacar el germen marxista” de los hijos de los republicanos. El resultado son alrededor de 30.000 niños robados. Los especialistas nos cuentan el modus operandi de una de las mayores atrocidades del franquismo.

NUEVATRIBUNA.ES - 19.04.2010

Técnicas nazis, tramas casi policíacas con monjas, curas, médicos y funcionarios con los papeles protagonistas. Un negocio inventado por Franco que comenzó con una misma intención: “Sacar el germen marxista” de los miles de niños con madres o familia republicana. La persecución de ese gen, tal y como mandaba Vallejo Nájera, es una de las pruebas más rotundas del genocidio que supuso el franquismo.

Miles de niños robados, ultrajados, con nuevos apellidos, identidades, lugares de origen. Miles de personas que ya superan los cuarenta años y que continúan con su vida sin conocer quiénes son,  amparados bajo un engaño que ni el Estado español ni las autoridades pertinentes quieren desenmascarar.

Sin emabrgo hay otras personas, que van desde abogados, psicólogos, antropólogos o periodistas que están dedicados a sacar a la luz uno de los crímenes más brutales del franquismo. Tres de ellos se reunieron la tarde del lunes en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, donde se mantiene el encierro de apoyo al Juez Garzón. Como ya se contó en este periódico, este  encierro ha devenido en un espacio de memoria y de denuncia para que España pueda conocer las cientos de páginas de Historia que Franco y sus secuaces eliminaron de un plumazo.

Los datos que ofrecen son estremecedores. Las imágenes llegan a la memoria en blanco y negro, pero estos crímenes también son de la etapa de technicolor. “En España se  han robado sistemáticamente niños. Empezaron con el franquismo y la situación ha perdurado hasta entrados los años ochenta”, dice el sociólogo y experto en el tema Paco Tena. Durante las décadas de los 40, 50, 60 y 70, los robos tenían una connotación claramente política, sin embargo en los 80 estaba orientado a la mera ganancia económica, sólo al negocio.

Los primeros robos comenzaron en los años 40. Sus víctimas eran las mujeres que entraban embarazadas en la cárcel. Todavía quedan testimonios que han denunciado cómo les robaban los hijos a las presas republicanas. Una de las matronas de aquella época, que hoy cuenta con 95 años, reconoció el robo de los niños en las prisiones y contó cómo  las monjas les ponían un pañuelo en la cara a los bebés cuando les daban de mamar para que no le cogieran cariño a su madre. Guillermo Fouces que trabaja como psicólogo para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) también recuerda: “Además que les dejaban muy poco tiempo de lactancia siguiendo las órdenes de Vallejo Nájera, para que no se les contagiara el gen del marxismo”.

LA IGLESIA SE ENCARGABA DE TODO

“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron. Yo reclamaba el niño, y que si estaba malo, que si no estaba. No lo volví a ver”, le dijo Emilia Girón a la periodista María José Esteso Poves, una de las asistentes a la mesa redonda. Lo que le dijeron a Emilia se lo decían a todas. A pesar de que el niño nacía bien y las madres eran capaces de verlo, rápidamente una enfermera les indicaba que tenían que llevarlo a una incubadora. Al día siguiente le comunicaban a la madre que el bebé había muerto. Nunca más volvían a ver a su hijo.

Tampoco se volvía a ver la documentación. Ni el certificado de nacimiento, ni el de defunción, y ni siquiera el de la madre que estuvo hospitalizada y fue a dar a la luz: “Muchas de las madres han ido después a las clínicas para pedir su ficha y no se las han dado, dicen que han desaparecido”, cuenta indignado Paco Tena. Estas madres ya pertenecen a la segunda etapa. Ya no son las presas. Las víctimas eran aquellas mujeres a las que podían relacionar con la República o con una ideología de izquierda.

Un médico que en esa época (años 60 -70) trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz, y que se ha negado a mostrar su identidad ha reconocido las investigaciones a las que han podido llegar expertos y víctimas: “Era sabido que existían ’chanchullos’ en los hospitales en esos años. En la Fundación se sabía que entraba por una puerta una parturienta y que a la vez era registrada una mujer no embarazada en la zona de partos, incluso eran ingresadas en la zona privada y la familia adoptante pagaba todos los gastos.  Una salía sin su bebé y la otra que no estaba embarazada quedaba registrada como la madre. En ese hospital apareció una vez una pareja de chilenos que querían un niño, a los tres días salieron con dos bebés. Y se marcharon a Francia. Los niños eran para enchufados, y había cierto secreto en las maniobras. Hubo gente que quiso denunciar y fue apartada”, narra la periodista que pudo hablar con él.

El crimen se cometía a lo largo y ancho de la península, incluso hay casos documentados en las islas Canarias. Un entramado bien pensado, con varios protagonistas que cumplían papeles claves para que el negocio nunca se descubriera y se pudiera sacar el mayor beneficio.  “Las monjas de la inclusa de Burgos se subían al tren cargadas de capazos con recién nacidos que llevaban hasta la inclusa de Valencia. Esta operación se repetía de punta a punta. Se trataba de desarraigarnos. Tuvimos bebés que viajaron de Canarias a Granada y de allí a Valencia para ser adoptados. Otros fueron a parar al extranjero. Se sigue diciendo en los registros de la Iglesia y en las diputaciones que no hay documentos una riada o un incendio sirven para no entregarlos, pero hay leyes que obligan a hacerlo”, le dijo otra de las madres usurpadas a María José Esteso.

La Iglesia no sólo estaba en cada una de las etapas del ‘robo’ sino que además castigaba a las parturientas por entender que las ayudaban a dar a la luz:  “Después de parir y robarles los hijos, las mantenían durante años limpiando los suelos de los hospitales para que pagaran su deuda por haber sido atendidas”, cuenta Paco Tena.

‘ENDEMIA DE OTITIS’

Las instituciones y administraciones también estaban metidas en el ajo.  Los partes de defunción existentes tenían todos la misma causa de la muerte: otitis. En un registro de la comunidad de Madrid hay incluso un día en el que en el mismo hospital mueren siete bebés por otitis, explica el sociólogo y lo corrobora la periodista. Ambos han trabajado juntos y cuando vieron esa información no tardaron en hablar con varios pediatras: “Todos nos decían lo mismo, que era imposible que un bebé muriera por otitis, es más en el registro de enfermedades de muerte infantil hay muchísimas y ninguna es por otitis”.

El Registro Civil es una de las instituciones que se niega a ofrecer datos a las víctimas que hoy buscan a sus padres, a sus hermanos o a sus hijos. “Es que tenían funcionarios comprados. En el parte de defunción hablaban de otitis, pero ni siquiera decían si les habían enterrado o incinerado, por no hablar de las partidas de nacimiento falsas con nuevos nombres y por supuesto todos los partes de defunción falsos”, señala Tena. Y es que el negocio que inventó Franco daba mucho dinero. No era de extrañar que las familias más adineradas llegaran a pagar hasta 200.000 pesetas de la época, dinero que se repartían entre la Iglesia, los médicos y los funcionarios ‘comprados’.

Las clínicas que más han sido investigadas están en Madrid. La Clínica de O’Donell y la maternidad de Santa Cristina (amabas en la misma calle) y una tercera que actuaba coordinándose con las anteriores, la clínica San Ramón. Las tres practicaban el mismo modus operandi: niño en la incubadora, después decir que estaba muerto y registrar como parturienta a la madre adoptiva y no a la verdadera. Algunos de los médicos que trabajaban allí en aquella época y que presumiblemente organizaban los robos hoy siguen vivos. Es el caso del tocólogo  Eduardo Vela Vela o el del ginecólogo Villa Elizaga, que hoy se encuentra dando clases en la Universidad de Navarra. Entre estas ‘curiosidades’ también está el hecho de que el directo y fundador de la clínica O’Donell fue José Botella Llusía, tío de Ana Botella, mujer de José María Aznar.

LA IMPUNIDAD CAMPA A SUS ANCHAS

Aunque parezca mentira gran parte de estas atrocidades estaban amparadas por ley. Algunas de las Leyes de Franco menos conocidas y más brutales hoy saltan a la palestra en medio de una mesa redonda que los asistentes siguen con los ojos bien abiertos. La periodista María José Esteso nos refresca la Historia menos contada:  “El rapto se convirtió en ‘legal’ por la Orden de 30 de marzo de 1940 en la que se daba la patria potestad al Estado. Pero en 1941 otra ley terminó por empeorarlo más ya que se autorizó cambiar los apellidos”. El sociólogo interrumpe y dice: “Es un peligro que miles de personas crean que tienen una pasado médico con la identidad de padres falsos, es una atrocidad”.

Pero el esperpento continúa cuando se conoce la Ley de Patrimonio 16/85 que recoge que para proteger a la madre no se pueden ofrecer sus datos a quien la busque hasta pasados cincuenta años. La película se pone cada vez más negra para todo aquel que quiera conocer lo que sucedió en aquellos años. Además los que lo han intentado han salido mal parados. Los ejemplos son muchos.

En los años 90 cuando surgió el programa de televisión ¿Quién sabe dónde? llegaron a la redacción cientos de casos que buscaban a sus familiares desaparecidos en el franquismo, mucho de ellos hablaban de sus hijos robados. La intensidad de llamadas fue tal que el propio presentador, Paco Lobatón, animó a las víctimas a unirse en asociación. Le hicieron caso y formaron Derechos a saber ANDAS. Sin embargo el periodista del programa no tuvo tanta suerte ya que tras sacar a la luz un caso, y en plena subida de audiencia, Televisión Española decidió acabar con el programa, cuenta Paco Tena.

La periodista María José Esteso, cuenta algo parecido que le sucedió a ella cuando fue a entrevistar a María Cruz, la entonces presidenta de la asociación ANDAS y uno de los testimonios que más ha luchado por conocer la verdad: “En ese momento trabajaba de  free lance para el grupo PRISA y cuando les conté el tema, cómo había ido mi entrevista, me dijeron que no les interesaba publicar ese tipo de cosas. Les terminé convenciendo y lo sacaron, pero tuve que dulcificar muchísimo todo lo que me había dicho”.

El caso más reciente lo ha sufrido Paco Tena, quien ha publicado numerosas investigaciones sobre los niños robados: “Hace tan sólo tres meses me llamaron y me dijeron  que no siguiera investigando por ahí, que tenía que tener cuidado. Esa es la mejor prueba de que el franquismo sociológico sigue vivo”.

UNA PARED DE FRENTE

Las víctimas que han intentado conocer su historia se han encontrado siempre con la misma respuesta: el silencio. Los especialistas y los familiares coinciden en que la Iglesia y el Registro Civil son las dos instituciones que lo ponen más difícil, por no decir imposible. “La Iglesia es la que tiene todo, los registros de bautismo originales, con los nombres de los padres verdaderos, las defunciones, los nacimientos, ellos tienen todo, pero no nos lo quieren mostrar”, señala el sociólogo.

Tanto Paco Tena como la periodista María José Esteso coinciden que los expertos no pueden hacer mucho más: “Es el Estado quien se tiene que encargar de todo esto, es la Fiscalía la que tiene que llevarlo y obligar a las instituciones a que muestren las pruebas”, dice Tena. Pero de repente se acuerda: “Bueno, la verdad es que hemos venido aquí para apoyar a Garzón, la única persona que ha intentado investigar esto, y por eso mismo está en el banquillo. Todo esto es un sin sentido”. 

Las mentiras sobre Garzón y Paracuellos

Tomo prestado del Blog de Ignacio Escolar este post que -a mi entender- no tiene desperdicio.

Las mentiras sobre Garzón y Paracuellos

Desde hace unas semanas, circula por los medios de derechas una leyenda urbana: que Baltasar Garzón archivó una querella contra Santiago Carrillo por la matanza de Paracuellos amparándose en la misma ley de Amnistía que después cuestionó en el caso de las fosas del franquismo. Tras muchas vueltas, he conseguido acceder al famoso auto en cuestión. Les recomiendo que lo lean, son apenas tres páginas en los que no aparece la más mínima mención a la ley de Amnistía. Y es cierto que Garzón archivó esa querella, pero por motivos muy distintos a los que ahora inventa la derecha: por defectos de forma y fondo que harían avergonzar a un estudiante de primero de Derecho.

IU pone en manos del Congreso acabar con "la impunidad" de la Ley de Amnistía

Ha presentado hoy una Proposición que evitaría que su texto siga siendo "un punto final" para los crímenes franquistas

JESÚS MORENO - Madrid - 20/04/2010 14:36 - en Público.es

IU e ICV han puesto hoy en marcha el mecanismo que deja en manos del Congreso de los Diputados acabar con el parapeto de impunidad y "punto final" que ha significado hasta ahora la Ley de Amnistía de 1977 para los responsables de los crímenes de la dictadura franquista.

La coalición de izquierdas considera que el sentido de esa ley ha sido "pervertido de forma torticera" por las autoridades judiciales y que es hora de que esta situación termine. Lo ha explicado Gaspar Llamazares, portavoz de IU en el Congreso, quien ha querido dejar claro que "ninguna ley puede "exonerar" a un dictador o a un "funcionario franquista" de sus responsabilidades por los crímenes cometidos durante el régimen dictatorial de Francisco Franco.

"Esto no fue una ley de punto final" para ellos, ha dicho LLamazares, para quien el sentido de la Ley de Amnistía era liberar a los "luchadores por la democracia" de las leyes de la Dictadura, y no para permitir que los crímenes cometidos durante la misma quedaran impunes. "Se ha interpretado de forma torticera e interesada, la prueba es que la Ley de Amnistía fue votada en contra por la derecha de entonces, por los amigos del franquismo", ha sentenciado.

"No se encontrará en la Ley de Amnistía ningún artículo que diga que quedan amnistiados todos los delitos políticos e los franquistas porque eso no existe", sostuvo el parlamentario de IU, quien instó a "algunos" jueces del Supremo a que además de "respetados" sean "respetables".

"La Ley 46/1977 de Amnistía no puede servir de excusa para impedir la persecución de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista", dice el texto presentado en el Registro.

La Proposición de Ley no será sólo para acabar con la interpretación del punto y final, sino para acabar con la especie de ley del silencio que pesa sobre ella en los escaños del Parlamento. Durante su debate, los partidos políticos deberán posicionarse y decidir si aceptan los cambios que propone IU, para asegurarse de que la magistratura deje de evadir "las normas básicas del derecho internacional", que dicen que los crímenes por genocidio y lesa humanidad no prescriben.

El derecho internacional

Hasta ahora, la interpretación judicial que se ha hecho de la ley incide en que los crímenes del franquismo se cometieron antes de que España subscribiera la "imprescriptibilidad" de los crímenes contra los derechos humanos.

En este sentido, IU recuerda que "meses antes de la aprobación de la Ley 46/1977" España suscribe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que fue publicado en el BOE el 30 de abril de 1997. Su artículo 15.2 afirma que la irretroactividad de las normas penales no serán aplicables para impedir el juicio ni la condena "de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional" .

La propuesta de IU propone añadir dos nuevos artículos. Primero, el Quinto bis, que diría que "en ningún caso será de aplicación la amnistía a los actos criminales de genocidio o lesa humanidad cometidos con anterioridad a la presente ley". El segundo, una disposición adicional, que aclare que "cualquier resolución judicial o acto administrativo" dictado contraviniendo la ley "podrá ser revisado" en cumplimiento de la misma.

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¿Qué se entiende por genocidio y lesa humanidad?

1. Por genocidio se entienden, a los efectos de esta ley, los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

2. Por crímenes de lesa humanidad se entiende, a los efectos de esta Ley, cualquiera de los actos siguientes cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que hubieren causado intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física."

La ONU amonestó a España por la Ley de Amnistía que enarbolan quienes quieren enjuiciar a Garzón

Pidió hasta en tres ocasiones su derogación y que se investiguen los crímenes franquistas

La ONU amonestó a España por la Ley de Amnistía que enarbolan quienes quieren enjuiciar a Garzón

19-04-2010 - V.V. En ElPlural.com

Muchas de las voces contrarias a que se investiguen los crímenes de la guerra civil y del franquismo se han aferrado a la Ley de Amnistía de 1977 para apuntar que aquellos crímenes ya quedaron reparados con dicha norma, e incluso la han esgrimido para avalar las acusaciones de prevaricación contra el juez Baltasar Garzón. Sin embargo, en la ámbito internacional la Ley de Amnistía española no está exenta de polémica: en 2009 la ONU amonestó hasta en tres ocasiones a España por esta norma y exigió que se investiguen a fondo los crímenes del franquismo, recordando que los delitos de lesa humanidad no prescriben.

Uno de los argumentos esgrimidos por quienes pretenden sentar a Baltasar Garzón en el banquillo por su investigación de los crímenes de la guerra y del franquismo es que la Ley de Amnistía de 1977 ya zanjó la cuestión de la memoria histórica en su día. Sin embargo, esta misma ley es la que ha puesto a España en el punto de mira de la ONU y de las más importantes organizaciones de derechos humanos internacionales. Apenas un mes después de que se declarase la incompetencia de Garzón para juzgar estos crímenes, el 5 de enero de 2009, el Comité de Derechos Humanos de la ONU amonestó a España en términos muy duros por esta norma.

Delitos "imprescriptibles"
En su escrito, este Comité, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mostró su “preocupación” por “el mantenimiento en vigor” de la norma, y recordó que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles” y las amnistías “relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto”, suscrito por España, según recoge Público.

"Derogación de la Ley de Amnistía"
El escrito proponía también la “derogación de la Ley de Amnistía” y, en su lugar, “tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales”. Además, la ONU sugería que se creara una comisión de expertos independientes “encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura” para “permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas”.

Torturas y desapariciones, sin amnistía
La respuesta española no se hizo esperar, y la diplomacia de nuestro país contestó a estas críticas apuntando a un “desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía” como una norma “respaldada por toda la sociedad española” y que “contribuyó a la transición a la democracia en España”. Sin embargo, meses después, el 19 de noviembre del pasado año, el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a cargar contra la norma de 1977 y aseguró que “el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad ni por el efecto de prescripción”. “El Estado debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía”, recalcaba el segundo escrito de la ONU.

"Investigaciones exhaustivas e imparciales"
Además, hubo una tercera amonestación en 2009, el 21 de diciembre, esta vez redactada pro el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU, que citaba expresamente la Ley de Amnistía y exigía al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero “que todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito posible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad”. Además, la resolución pedía también que se realicen “investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una resolución forzada”.

Leyes de "punto final"
En sus alegaciones, España apuntó que la Ley de Amistía no debe confundirse “con las denominadas leyes de punto final” aplicadas en Argentina o en Chile, ya que no es una ley de impunidad y no impide que se abran otros procesos judiciales “siempre que hayan sido instadas por los interesados y no se haya dictado ninguna resolución fundada en la Ley de Amnistía”. Pero estas explicaciones no han dejado conformes a otros organismos internacionales como Amnistía Internacional o el Human Rights Watch, que ha comenzado a exigir que se aborde el asunto y han pedido explícitamente que se cumpla con las recomendaciones de la ONU, aunque éstas no sean vinculantes.

Con o sin amnistía, al banquillo

Con o sin amnistía, al banquillo

18Abr 2010, en Público.es

GONZALO BOYE TUSET

Mientras crece el debate en torno a las recientes actuaciones del Tribunal Supremo por los crímenes del franquismo, un elemento esencial de la discusión es la Ley de Amnistía de 1977 y, por odiosa que resulte, parece necesario acercarse a ella de una forma analítica que permita establecer su dimensión y las consecuencias de aplicarla o, por el contrario, las de derogarla. Tanto para lo uno como para lo otro resultaría necesario un análisis de la norma sin apasionamientos, pero sí con criterios jurídicos que permitiesen determinar hasta qué punto es necesaria su derogación o, incluso, cuán lejos podemos llegar con su correcta aplicación, y seguro que podremos establecer quién ha prevaricado y quién no.
Por una parte, es ampliamente aceptado, al menos allende nuestras fronteras, que dicha ley no es de aplicación a los crímenes de lesa humanidad, y que no lo es en virtud de los diversos convenios internacionales suscritos por España antes y después de su promulgación y, por imperativo del artículo 10 de la Constitución, forman parte de nuestro ordenamiento.
De otra, y para quienes no son capaces de entender los convenios internacionales y las obligaciones derivadas de los mismos, habrá que recordarles que dicha norma, amparadora de la impunidad, viene a establecer su ámbito de aplicación –en materia penal– que queda limitado a una serie de delitos: los establecidos en su artículo 2. Pues bien, de acuerdo con lo previsto en nuestro ordenamiento, sólo se estará en presencia de un delito cuando una determinada conducta haya sido calificada como tal por un juez o tribunal, es decir, cuando exista una sentencia condenatoria. Así, debe deducirse que no es posible aplicar la Ley de Amnistía antes de enjuiciar y, además, que no es una “ley de punto final”.
Por si ello fuese poco, el artículo 9 de la misma Ley establece que la aplicación de la amnistía corresponderá en exclusiva a los “los jueces, tribunales y autoridades judiciales correspondientes”. Por lo tanto, es evidente que esa medida se tendrá que adoptar dentro de un procedimiento judicial y no como una barrera para acceder al mismo.
Ahora bien, si alguien no es capaz de comprender lo expuesto hasta aquí, bien podemos seguir con el análisis del contenido de la Ley 46/1977 que, en el mismo artículo, preceptúa que: “La amnistía se aplicará de oficio o a instancia de parte con audiencia, en todo caso, del Ministerio Fiscal. La acción para solicitarla será pública”. Esta premisa impone la necesidad de encontrarnos en el seno de un procedimiento y que, a la vista del contenido del mismo, bien por parte del juez o tribunal o a instancia de parte, es decir del imputado o condenado, se apliquen las normas perdonadoras contenidas en dicha nefasta y vigente ley.
Más si cabe, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 666.4, establece como artículo de previo y especial pronunciamiento la concurrencia de “amnistía o indulto”, lo que nos lleva a pensar que el legislador ha considerado que el primer momento procesal, no necesariamente el último, para reclamar la aplicación de sus beneficios sería justo antes del juicio oral y una vez realizada toda la investigación, es decir, cuando se conocen los hechos, los afectados, los presuntos autores y los delitos por los que han sido procesados. El legislador, aquel olvidadizo y generoso de 1977, estableció un mecanismo para evitar las consecuencias penales –cárcel– de unos hechos calificados como delito, pero ni estableció una “ley de punto final” ni una norma que impidiese investigar, enjuiciar e incluso condenar.
Cualquier otra interpretación de las normas contenidas en la Ley de Amnistía no sólo es contraria a derecho, sino que se aparta de la más elemental regla de interpretación jurídica, que es la literal. Este criterio interpretativo, contenido al inicio del Código Civil, suele estudiarse en segundo de carrera y, por ello, es claro que todos los juristas lo debemos conocer.
Establecido lo anterior, y si abandonamos lo previsto en los tratados internacionales y nos centramos en las normas de origen nacional, es evidente que para poder amnistiar o indultar a cualquier responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo lo primero que hay que hacer es abrir un procedimiento penal en cuyo seno, y si se determina alguna responsabilidad criminal, se podrá conceder la amnistía; es decir, quien se quiera beneficiar o a quien quieran beneficiar con dicha norma, primero habrán de someterlo a proceso; lo contrario podría incluso vulnerar el derecho a la presunción de inocencia y el honor del amnistiado. ¿Se imaginan recibir una notificación de haber sido amnistiados por un delito que no han cometido?
En resumidas cuentas, la Ley de Amnistía no es una barrera para el enjuiciamiento de los crímenes más horrendos cometidos por el franquismo ni un impedimento para su investigación y enjuiciamiento sino, simplemente, una fórmula por la cual los culpables no tendrían que ir a la cárcel. Para beneficiarse de la misma tendrán que sentarse en el banquillo, y ese es el precio más barato que pueden pagar por la comisión de delitos que en cualquier otro país les costaría el resto de sus vidas en prisión; aquí, y como somos diferentes, ni se sientan en el banquillo ni se les pide explicaciones, basta con matar al mensajero y preguntarnos, ¿quién prevarica?

Gonzalo Boye Tuset es abogado

PD.: Ilustración de Gallardo

"Varela hace una jugada de manual para reventar la carrera de un juez"

Última actualización 13/04/2010@09:05:47 GMT+1

Así lo afirma el diario argentino Página12 uno de los medios extranjeros que se han mostrado más indignados ante la resolución de Varela, al que han criticado a diestro y sinistro. La noticia ha dado la vuelta al mundo. La prensa internacional manifiesta su sorpresa y no duda en afirmar la politización de la justicia española y la politización de los medios nacionales. Llueven las acusaciones. 
> Varela se alía con los ultras

NUEVATRIBUNA.ES / AGNESE MARRA - 08.04.2010

La repercusión del Caso Garzón y la decisión del Juez Varelade sentarle en el banquillo ha dado la vuelta al mundo. Ya en el mes de febrero el Observatorio Permanente de la Imagen Exterior de España informaba que la situación de Garzón era el segundo tema que más interesaba en el extranjero.

La sorpresa, la politización de la justicia española y también la politización mediática son algunas de las conclusiones a las que llega la prensa internacional. Incluso los medios más ‘neutrales’, que se limitan a dar la noticia sin pretender hacer un análisis, manifiestan su asombro sobre lo que acontece en España.

En la gran mayoría de las crónicas se recuerda una de las grandes contradicciones de este caso: “El juez que ha investigado dictaduras extranjeras y que se la ha premiado por ello ahora no puede hacer su trabajo en su propio país”. Ninguna publicación extranjera se olvida de señalar que la acusación viene de un sindicato de ultraderecha vinculado al franquismo. En este sentido The Irish Times plantea: “¿Qué problemas tiene España con su pasado?”.

Los titulares de The Guardian, la CNN, la BBC o Le Figaro llaman a Garzón el “Super juez” y en sus noticias recuerdan “todas las cosas buenas” de la carrera del magistrado acusado- dice los Angeles Times- como la persecución de Pinochet, Bin Laden, ETA o incluso los GAL.

El diario argentino, Página 12, es el más duro con la resolución de Varela y no duda en expresar su parecer sobre este juez: “La resolución de Luciano Varela es una auténtica jugada de manual sobre cómo proceder cuando se quiere reventar la carrera de un juez. Al tiempo que negaba la comparecencia de los testimonios que Garzón llamó al estrado para que lo defiendan, Varela instruyó un procedimiento abreviado con el objetivo de acelerar los tiempos de la causa y hacerla coincidir con los otros dos procesos que enfrenta Garzón”. El periodista del medio argentino, Óscar Guisoni, también explica los orígenes de Varela, su procedencia de Jueces para la Democracia, sus “buenas relaciones” con María teresa Fernández de la Vega y su “odio personal contra Garzón”, para después acabar diciendo: “Varela ha emprendido una cruzada contra el popular magistrado sabiendo que no está solo, sino que más bien cuenta con la anuencia de gran parte del sistema judicial en el que florecen las envidias y enconos contra Garzón se ha quedado sin amigos políticos. Los socialistas han intentado una tibia defensa y los populares le han hecho la cruz”.

La corresponsal del Irish Times, otra de los diarios que más han opinado sobre el tema, también insiste en la tirria que le tiene el Partido Popular: “El PP tiene una cruzada personal con el juez porque quiso investigar la trama de corrupción conocida como Caso Gürtel que afecta al partido de la oposición”.

La periodista irlandesa en su crónica nos ofrece su visión personal de la justicia española: “Los jueces, nombrados por los partidos políticos, con frecuencia trasmiten resoluciones aparentemente sesgadas. Pero ahora, uno de los suyos, el formidable juez de instrucción Baltasar Garzón, se encuentra él mismo como receptor de una campaña desarrollada por los opositores de derecha e incluso por algunos que tienen un rencor personal contra él”.

El diario francés Le Figaro no se centra tanto en la politización de la justicia, pero sí en la politización de los medios: “La prensa española está muy politizada y la política está muy presente en los argumentos de defensa y de acusación que se le están haciendo a Garzón”, cuentan abriendo su página de internacional con la cara del ‘súper juez’. 

Declaración de apoyo a Baltasar Garzón

Ante la confirmación del enjuiciamiento al único juez que ha osado investigar los crímenes del franquismo en España, muestro también mi apoyo a Baltasar Garzón, y mi repulsa a lo que considero estrategia y confabulación de lo más retrógrado de la carrera judicial. 

 

Cada vez es más necesario que en España afrontemos una Segunda Transición Democrática. La de la Justicia. 

 

Por una Justicia Post-Franquista, ya!!! 

 

Declaración de apoyo a Baltasar Garzón

CONSCIENTES de la desafortunada imagen que esta generación de españolas y españoles podría dar ante la Historia, a la vista del proceso judicial emprendido contra el juez que tuvo la valentía de investigar la responsabilidad del régimen dictatorial franquista, no en busca de venganza, sino para tratar de reparar --en la medida de lo posible-- a las familias de los centenares de miles de ciudadanos represaliados (entre asesinados, torturados, secuestrados, silenciados y exiliados),

PREOCUPADOS por el precedente que podría sentar, ver cómo se actúa contra cualquier miembro de la magistratura que ose cuestionar la vigencia o la validez de unos instrumentos de impunidad que fueron pergeñados en las entrañas del propio régimen franquista,

CONOCEDORES del curso de los acontecimientos, que al parecer, podrían resultar en una inminente separación del magistrado juez BALTASAR GARZÓN de la carrera judicial,

Expresamos nuestro apoyo formal al magistrado juez español BALTASAR GARZÓN, quien estos días es objeto de una grave campaña de difamación y persecución política, promovida desde sectores ultra conservadores, tras impulsar un proceso en busca de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de la dictadura franquista. Nuestra solidaridad para quienes, como él, actúan con valentía frente a los crímenes de lesa humanidad.

Para él, nuestro reconocimiento.

Se ruega máxima difusión.

PD: Tomado del autor original,  Jaume d'Urgell http://jau.me/post/Baltasar-Garzon

Atado y bien atado

28 Mar 2010 - El Gran Wyoming – en su blog “Asuntos & cuestiones

”Atado y bien atado

Cuando Franco dijo: “Todo queda atado y bien atado”, para tranquilizar a los que creían que la dictadura moriría con él y pedían que su testamento político garantizara la continuidad del régimen para seguir manteniendo sus privilegios, muchos pensaron que se trataba de un farol. Ni en su delirio imperial más optimista Franco pudo imaginar que, 35 años después de muerto, en una democracia con una Ley de Partidos que impide la actividad política a los que, por ejemplo, justifican el racismo y la xenofobia, la justicia estaría del lado de Falange Española poniendo contra la pared a un juez por intentar investigar crímenes cometidos después de la Guerra Civil. Y eso cuando muchos de los asesinados aún figuran como desaparecidos y los cuerpos se encuentran esparcidos por cuentas y campos de la geografía española.

En el mismo espacio habría que situar el linchamiento que lleva a cabo el Partido Popular contra el juez Garzón al reabrir una causa archivada por los pagos de unos cursos que impartió y al dedicarle todo tipo de descalificaciones desde que comenzó la investigación del caso Gürtel, la primera causa grave de corrupción que se sigue contra la derecha en España, cuyos principales responsables figuran en las fotos de la boda de la hija de José María Aznar, y en la que el principal acusado, el señor Correa, fue “testigo”. Qué casualidad que ese mismo presidente cerró la Fiscalía Anticorrupción durante su mandato.
El intento de archivo del caso Gürtel que se está orquestando desde distintos espacios de la justicia es una vergüenza para el llamado Estado de derecho.
Va a ser verdad que estaba todo atado.

PD.: la imagen la he tomado de aquí

Niños perdidos del franquismo: Necesitamos saber toda la verdad.

Necesitamos saber toda la verdad. El franquismo era una etapa histórica más negra y cruel de lo que la memoria oficial quiso nunca que supiéramos. Esta verdad también necesitamos conocerla. Garzón, en su auto, acusa al franquismo de arrebatar ''la identidad a miles de niños en la década de los 40''.

Aún más que los asesinatos y desaparecidos del franquismo, las informaciones sobre desapariciones de niños que expone Garzón en su auto, ponen al descubierto la verdadera cara del régimen franquista. Lo que más pone los pelos de punta es ver repetidos en nuestra propia historia, los dramáticos secuestros y atrocidades que sí hemos condenado durante años en las dictaduras sudamericanas.

Con razón, Pinochet admiraba a Franco. Aprendió de él. Necesitamos saber toda la verdad.

Para pasar página, primero hay que leerla

En la web española de Amnistía Internacional, se puede leer con respecto a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo:

"Durante la Guerra Civil y bajo el régimen franquista fueron
numerosas las víctimas de graves abusos que el derecho internacional prohibía y
condenaba como crímenes contra el derecho internacional, entre ellos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales; los ataques contra población civil y
otros abusos comprendidos como crímenes de guerra; la persecución política, religiosa o racial, los encarcelamientos arbitrarios, los trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad. Ni el paso del tiempo, ni actos políticos de perdón u olvido cancelan la responsabilidad del Estado hacia las víctimas. Amnistía Internacional trabaja para que estas víctimas puedan acceder a sus derechos a saber la verdad, obtener justicia y ser reparadas, tal como disponen las normas internacionales de derechos humanos".

El debate no ha terminado. Tras la renuncia de Garzón, el debate no ha terminado. Eso quisieran los de siempre. Garzón, con sus claros y oscuros, ha sido eficaz. Ha conseguido quitar el tapón de la garrafa podrida de nuestra historia más cruel. Por eso, hay quien no quiere mirar atrás. Sabe muy bien que su historia es de vergüenza y de venganza. Los crímenes del franquismo, van contra la Humanidad, y éstos no prescriben. Llegará hasta donde llegue esta instrucción, y otras, y otras,... Pero, el tapón ya se ha quitado. Muchos no quieren oler su propia mierda. Otros desean hacer Justicia, y cerrar heridas. Estaremos atentos.

Hace unas semanas, era la ONU quien pedía a España que anulara la Ley de Amnistía de 1977 y persiga el franquismo. Es necesario un nuevo impulso, aunque no será fácil. Impartir Justicia, nunca lo es. Amnistía Internacional se moja y ha publicado un Manifiesto en defensa de los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. AI, dice que “para pasar página, primero hay que leerla". Es de sentido común. Si estás de acuerdo, te puedes adherir.