España no debe ser la excepción

Millones de españoles nos sentimos orgullosos en su día. La justicia española fue quien impulsó hace unos años la investigación sobre los muertos y desaparecidos en las distintas dictaduras de Sudamérica. Entre otros momentos curiosos, pudimos ver cómo el sanguinario Pinochet inventaba patéticamente argucia tras argucia con el objetivo de escapar de la justicia. La iniciativa jurídica partió de la Audiencia Nacional, y el titular que firmaba esos autos procesales fue el juez Baltasar Garzón.

No es la primera vez que trato el tema de la Memoria Histórica en este blog (ver). Por tanto, mi opinión al respecto ya la hice pública. Es difícil de entender que un país que ha impulsado el esclarecimiento de los crímenes llevados a cabo fuera de España, no sea capaz de hacer lo mismo con las atrocidades cometidas durante los años más negros del franquismo.

Sin duda es nuestra gran asignatura pendiente para completar definitivamente una verdadera transición hacia una democracia plena en actitudes, valores y justicia. Otros países así lo hicieron. Y fue para mejor. Mientras tanto, seguirán perviviendo las "dos Españas". Sobre todo cuando la derecha española está en la oposición. El ejemplo más evidente lo tuvimos en la pasada legislatura.

Hoy, el diario Público, recoge una información sobre el tema y, entre otros aspectos, refleja también el posicionamiento de Amnistía Internacional y de la ONU. El artículo lo firma Yeray Calvo. Por su interés, lo acompaño a continuación.


"La excepción mundial" se llama España
YERAY CALVO - Madrid - 12/11/2008

Amnistía Internacional denuncia que un país que ha impulsado numerosas investigaciones de crímenes contra la humanidad en otros países no puede oponerse a cumplir con la obligación de investigar los suyos.

España no puede ser una "excepción mundial" que incumpla las exigencias del derecho internacional. Esta es una de la principales conclusiones que se extraen del informe de Amnistía Internacional (AI) que ha presentado hoy su director, Esteban Beltrán. En el documento se subraya la necesidad de investigar los crímenes del pasado y proteger los derechos de las víctimas, que según Beltrán, se encuentran "en una encrucijada".

Beltrán plantea que "o se sigue el camino de la verdad, la justicia y la reparación" iniciado en una treintena de países en los que se cometieron crímenes contra la humanidad o el de "los obstáculos interminables. Investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España", ha subrayado el director de AI.

El caso español es singular respecto al de otros países dado que es un juez y no el Ministerio Público el que ha impulsado la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Además, es justamente el propio ministerio el que trata de "obstaculizar" un proceso que restauraría los derechos de los damnificados , ha explicado Beltrán. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas no ha recibido ninguna información sustantiva por parte del Gobierno español que permita establece el paradero de tres personas cuya desaparición había sido denunciada ante este grupo.

En contra de los antecedentes a nivel mundial ocurridos hasta el momento, el Ministerio Fiscal incluye como argumento en su recurso de apelación que los delitos ya han prescrito, invocando la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. Según AI, la aplicación de estas alegaciones constituyen el establecimiento de mecanismo de impunidad incompatibles con la legalidad internacional en relación con los crímenes contra la humanidad.

Además, España es uno de los países a los que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha tenido que recordar que no se pueden invocar amnistías ni alegar prescripciones respecto a este tipo de crímenes. Anteriormente, el Comité de Derechos Humanos se había dirigido a Chile, Argentina, Perú, Líbano, Francia (Nueva Caledonia), El Salvador, Haití y Uruguay, para recomendarles que cumplan sus obligaciones internacionales sobre crímenes de desaparición forzada.

"En España, donde se han impulsado investigaciones de crímenes contra la humanidad cometidos en otros países en numerosas ocasiones, el Ministerio Fiscal no puede ahora poner en duda u oponerse a cumplir con la obligación de investigar los graves crímenes que se cometieron durante la Guerra Civil y el franquismo", ha declarado Esteban Beltrán, "España no puede presentarse ante la comunidad internacional como un Estado que infringe sus obligaciones internacionales".

A este respecto, el historiador Julián Casanova, autor de La Iglesia de Franco, dijo en una entrevista a Público que la reparación será difícil sin que el PP asuma su "trauma franquista" y la Iglesia reconozca su colaboración con los fusilamientos. Además sentenció que "si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera" .

Transición

AI destaca que mientras muchos países han utilizado sus procesos de transición para condenar los crímenes del pasado, en España "se han opuesto a sus obligaciones constitucionales e internacionales" y han mirado hacia otro lado.

En el listado de países con 'cuentas pendientes' figuran junto a España, Mozambique, Camboya o Colombia. Otros, como Perú o Marruecos, en mayor o menor medida han dado algún paso al respecto para esclarece los crímenes del pasado, asegura AI.

Las víctimas identificadas de desapariciones forzadas en España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que ascienden a 114.000, superan a las registradas en toda Latinoamérica en los últimos cuarenta años, por encima de los 30.000 desaparecidos en Argentina o los 45.000 de Guatemala.